REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1140 de 2026

 

Referencia: expediente D-15.989

 

Asunto: solicitud de adici�n al Auto 841 de 2025

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera.

 

Bogot� D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver sobre la solicitud de adici�n al Auto 841 de 2025, presentada por Andr�s Mauricio Velasco, en calidad de representante legal de la Asociaci�n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant�as (en adelante, �Asofondos�), para lo cual dicta el siguiente

 

AUTO

 

I.             ��ANTECEDENTES

 

1.            Tr�mite procesal relevante

 

1.                 La demanda. El 18 de julio de 2024, Paloma Susana Valencia Laserna present� demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, �[p]or medio de la cual se establece el Sistema de Protecci�n Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen com�n, y se dictan otras disposiciones�. La demandante formul� tres cargos de inconstitucionalidad, los cuales fueron admitidos por el magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar, mediante auto del 13 de agosto de 2024.

 

2.                 El Auto 841 de 2025. El 17 de junio de 2025, la Sala Plena profiri� el Auto 841 de 2025. La Corte encontr� que los cargos segundo y tercero no cumpl�an con los requisitos de aptitud. En consecuencia, limit� el an�lisis de fondo al primer cargo. Respecto de este �ltimo, la Corte concluy� que durante el segundo debate en la plenaria de la C�mara de Representantes se present� un vicio de procedimiento en la formaci�n de la ley como consecuencia del incumplimiento del deber de deliberaci�n m�nima derivado de (i) la declaratoria de suficiente ilustraci�n y cierre del debate y (ii) el desconocimiento de las reglas de discusi�n y aprobaci�n fijadas por la mesa directiva para ordenar el debate. Con todo, la Corte concluy� que el vicio era subsanable porque se hab�an cumplido las etapas b�sicas o estructurales del proceso y no se evidenci� una �afectaci�n radical en materia de transparencia, representaci�n y deliberaci�n�. En consecuencia, resolvi�, entre otras, ordenar la subsanaci�n del vicio y suspender la entrada en vigencia de la ley. En concreto, se resalta que mediante el resolutivo quinto la Corte orden� lo siguiente: �

 

�QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisi�n la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el d�a h�bil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los art�culos 12, par�grafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de la Rep�blica, en el marco del tr�mite legislativo correspondiente, podr� definir un nuevo t�rmino de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024�.

 

3.            Comunicado y notificaci�n del Auto 841 de 2025. El comunicado de prensa del Auto 841 de 2025 fue publicado el 27 de junio de 2025^[1]. Con todo, la notificaci�n del Auto 841 de 2025 solo se realiz� el 14 de agosto de 2025, mediante el Estado No. 132^[2]. En la misma fecha se surtieron las comunicaciones de la decisi�n a la Presidencia de la Rep�blica, a las presidencias del Senado de la Rep�blica y la C�mara de Representantes, as� como a la demandante en este proceso, Paloma Valencia Laserna^[3]. Luego de la notificaci�n, el Auto 841 de 2025 fue publicado en la p�gina web de la Corte Constitucional^[4].

 

4.            Cambio de ponente. En sesi�n del 18 de febrero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional declar� fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar para participar en la discusi�n y decisi�n del expediente de la referencia^[5]. El 20 de febrero siguiente, la Secretar�a General de la Corte remiti� el expediente D-15.989 al despacho de la magistrada sustanciadora^[6].

 

2.            La solicitud de modulaci�n y adici�n al Auto 841 de 2025

 

5.            El 20 de abril de 2026, el ciudadano Andr�s Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, present� escrito en el que solicit� a la Corte �adicionar el Auto 841 de 2025 con una autorizaci�n para que las administradoras de fondos de pensiones -AFP (Colfondos, Porvenir, Protecci�n y Skandia) puedan abstenerse de aplicar el decreto que dicte el gobierno ordenando el giro de recursos de personas que hicieron uso del art�culo 76 de la Ley 2381 de 2024 a Colpensiones, hasta tanto el Consejo de Estado ordene la suspensi�n provisional del decreto proferido, o autorice la inaplicaci�n del decreto respectivo a cada AFP�[7].

 

6.            Como fundamento de su solicitud, Asofondos (i) hizo un recuento de los efectos jur�dicos del Auto 841 de 2025 sobre la Ley 2381 de 2024 y se pronunci� sobre (ii) el contexto del manejo de recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y el estado de la reglamentaci�n del art�culo 76 de la Ley 2381 de 2024; (iii) los l�mites a la potestad reglamentaria del gobierno en el marco de la suspensi�n de la Ley 2381 de 2024; (iv) los efectos adversos, inminentes e irreversibles que, a su juicio, generar�a la expedici�n de ese tipo de decreto; (v) la excepci�n de ilegalidad; (vi) la facultad de la Corte Constitucional para modular los efectos de sus providencias y (vii) la necesidad de fortalecer las medidas cautelares para evitar los graves efectos que tendr�a la expedici�n de una norma como la publicada por el gobierno para comentarios.

 

7.            En particular, el solicitante resalt� que dada �la continuidad de la aplicaci�n del art�culo 76 de la Ley 2381, al 24 de febrero de 2026, 119.628 afiliados a los fondos de pensiones han hecho uso de la oportunidad de traslado y se han trasladado a Colpensiones, y de esos, un poco m�s de 18.000 personas ya se pensionaron; y los recursos de las cuentas de ahorro individual de estas personas, que ascienden a algo m�s de $27 billones de pesos contin�an siendo administrados por las AFP, de conformidad con lo que establece el par�grafo del art. 76 de la Ley 2381�[8]. En este sentido, se�al� que la suspensi�n de la entrada en vigor de la ley, sumada a la producci�n de efectos del art�culo 76, gener� tensiones que no eran previsibles al momento en que se profiri� el Auto 841 de 2025. En especial, Asofondos sostuvo que, a pesar de la suspensi�n de la Ley 2381 de 2024, el Gobierno avanzaba con la expedici�n de un decreto reglamentario mediante el cual se ordenar�a trasladar recursos de los fondos pensionales de ahorro individual a Colpensiones. Esto, a criterio del solicitante, excede la potestad reglamentaria, ya que no se puede reglamentar una ley cuya vigencia est� suspendida. En tal sentido, Asofondos advirti� sobre los riesgos jur�dicos y econ�micos del decreto proyectado, en tanto obligar el traslado de grandes sumas de dinero, en plazos muy cortos, podr�a generar p�rdidas, desestabilizaci�n del mercado financiero y uso indebido del ahorro pensional, as� como una posible afectaci�n a la sostenibilidad del sistema.

 

8.            Con fundamento en lo expuesto, solicit� a la Corte que �adicione la orden inicial de suspensi�n con una medida adicional�[9] que est� encaminada a lograr el cumplimiento de la decisi�n original y su finalidad, esto es, que �la Corte pueda adoptar una decisi�n oportuna, sin que se materialice la manifiesta vulneraci�n de la Carta y sin que se produzcan los efectos nocivos que genera la norma objeto de control�[10]. A dichos efectos, pidi� que se �autorice la inaplicaci�n de las normas que expida el Ejecutivo�[11].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

9.                 La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver la presente solicitud de modulaci�n y de adici�n de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 104 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento de la Corte Constitucional).

 

2.            Estructura de la decisi�n

 

10.            La Corte advierte que Asofondos solicita modular y/o adicionar el Auto 841 de 2025. En ese sentido, a continuaci�n, la Sala Plena reiterar� la jurisprudencia constitucional sobre el r�gimen de las solicitudes de modulaci�n y adici�n de las providencias de constitucionalidad. Luego, con fundamento en las reglas aplicables, resolver� el caso concreto.

 

3.        R�gimen de las solicitudes de modulaci�n y adici�n de providencias de constitucionalidad

 

11.            Las solicitudes de modulaci�n. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, �la modulaci�n es un procedimiento empleado por la Corte Constitucional para poder adoptar una decisi�n que le permita proteger la integridad de la Constituci�n respecto de una vulneraci�n que se le haya infringido, pero sin afectar gravemente otros valores constitucionales que se podr�an ver en juego�[12]. La modulaci�n se lleva a cabo mediante decisiones de exequibilidad diferida, interpretativas o integradoras[13].

 

12.            La Corte Constitucional ha enfatizado que la modulaci�n de las sentencias de constitucionalidad �debe hacerse al momento de proferir el fallo�[14]. Por esta raz�n, la Corte ha sostenido que, en los procesos de constitucionalidad, las solicitudes de modulaci�n presentadas con posterioridad al fallo son improcedentes, pues de aceptarse, �se afectar�a el principio de cosa juzgada constitucional y el principio de seguridad jur�dica�[15]. Con todo, en algunas ocasiones, la Corte ha interpretado que las solicitudes de modulaci�n est�n encaminadas a adicionar la sentencia de constitucionalidad. Por esta raz�n, ha aplicado los requisitos formales y materiales de las solicitudes de adici�n[16].

 

13.            Las solicitudes de adici�n. La jurisprudencia constitucional ha explicado que, por regla general, no es procedente la adici�n de sentencias de constitucionalidad, �pues tal procedimiento desconoce la intangibilidad de la cosa juzgada, dando lugar a que se exceda el �mbito de competencias que le han sido asignadas por el Art�culo 241 de la Constituci�n�[17]. Sin embargo, ha sostenido que, en casos excepcionales, es posible adicionar sus decisiones, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el art�culo 287 del C�digo General del Proceso[18].

 

14.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las solicitudes de adici�n de las providencias de la Corte Constitucional deben cumplir con unos presupuestos o requisitos formales. Los requisitos formales comprenden (i) la legitimaci�n; (ii) la presentaci�n oportuna y (iii) la carga argumentativa. La falta de acreditaci�n de cualquiera de estos requisitos da lugar al rechazo de la solicitud e impide adelantar el estudio de fondo[19].

 

 

4.     Caso concreto

 

15.        La Sala Plena considera que la solicitud formulada por Asofondos est� directamente encaminada a modular y adicionar el Auto 841 de 2025. En tal sentido, se evidencia que la petici�n resulta improcedente, porque el peticionario no se encuentra legitimado, dado que no ostenta la calidad de demandante o interviniente en el presente proceso. En efecto, una vez revisado el expediente, la Sala Plena constata que, durante el t�rmino de fijaci�n en lista[23], Asofondos no present� intervenci�n alguna.

 

16.        Conclusi�n. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala Plena rechazar� por improcedente la solicitud de adici�n presentada por Asofondos. Lo anterior, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

III.      DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR, por improcedente, la solicitud de modulaci�n y adici�n presentada por Andr�s Mauricio Velasco, en calidad de presidente de la Asociaci�n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesant�as (Asofondos), por no acreditar la legitimaci�n en la causa.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretar�a General, COMUNICAR la presente providencia al solicitante y advertir que contra ella no procede recurso alguno.

 

Comun�quese y c�mplase,

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

Con impedimento aceptado

 

 

CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR

Conjuez

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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